Preservemos la Junta Central Electoral
Todos conocemos el papel que constitucionalmente está llamada a desempeñar la Junta Central Electoral como el organismo especial del Estado que administra el registro civil de todos los ciudadanos dominicanos y conduce las elecciones de las autoridades, a nivel presidencial, municipal, legislativo y de diputados de ultramar. En este importante rol y como árbitro de elecciones debe de garantizar procesos electorales democráticos e imparciales.
Nuestra Junta Central Electoral, que ya es un órgano centenario, creada el 12 de abril de 1923 mediante la Ley 3413, regulada por el Artículo 212 de la Constitución de la República de 2015, en el transcurrir del tiempo ha generado poca confianza a la población electoral dominicana, especialmente por manejos desde los equipos de dirección y técnicos, salvo honrosas excepciones.
Cabe recordar el lamentable acontecimiento durante las elecciones municipales en febrero de 2020, cuando el nombre del país se leyó en noticias nacionales e internacionales “Elecciones República Dominicana: el grave fallo técnico” “Pleno JCE suspende proceso de Elecciones Municipales en todo el país”, entre otros titulares, lo cual generó gran incertidumbre y preocupación, por un lado, porque la decisión fue tomada mientras se conformaban largas filas de votantes en los centros de votación, y, por el otro, porque en tres meses (mayo del mismo año) deberían celebrarse las elecciones presidenciales. Esta situación provocó reacciones inmediatas de los partidos y organizaciones políticas, candidatos afectados, así como protestas populares frente a la sede del órgano rector de dichas elecciones.
La justificación de la entonces Junta Central Electoral para asumir una decisión de tal envergadura, como suspender dichas elecciones, se centró en un problema en el sistema del voto electrónico o automatizado utilizado por primera vez en el país, lo que originó que no aparecieran todos los partidos y-o candidatos en la pantalla de las máquinas dispuestas para el sufragio. La desconfianza y las dudas se apoderaron de todos los involucrados en dicha contienda: partidos políticos y aliados participantes, candidatos, y una población votante joven que con entusiasmo se preparaba para ejercer su derecho cívico por primera vez.
Con esta cita de la última crisis de carácter electoral que involucró de manera directa a la Junta Central Electoral no pretendemos señalar responsables ni asignar culpas; de hecho, situaciones como esta no solamente ocurren en República Dominicana. Hay países del continente latinoamericano donde se han generado crisis políticas e inestabilidad nacional como consecuencia de un mal arbitraje; y otros donde la crisis se ha pretendido llevar desde afuera frente a procesos tan transparentes que se ha procurado incidir con manejos ilegítimos para modificar resultados de la voluntad popular.
En este contexto, en el caso de nuestro país, es justo decir que la actual Junta Central Electoral presidida por el doctor Román Andrés Jáquez Liranzo, le ha ido devolviendo la confianza al electorado dominicano, dentro y fuera del país, tanto así que fue ratificado por el Senado de la República como presidente de la JCE para el período 2024-2028; mal haría la clase política dominicana que para justificar acciones fuera del régimen legal electoral, que conocen perfectamente, pretendan descalificar a esta Junta con una serie de argumentos que más bien se configuran hacia sí misma.
El caso más reciente es la manifestación convocada por la Fuerza del Pueblo liderada por el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández que, aunque las demandas enarboladas son justas no menos cierto es que fue una acción fuera de los tiempos legales establecidos para este tipo de manifestaciones políticas partidarias. A todas luces fue una acción meramente proselitista.
Antes otro partido del sistema había incurrido en el mismo error, incluido el partido de gobierno Revolucionario Moderno -PRM- con el actual presidente Luís Abinader. Y la Junta Central Electoral en su momento hizo el llamado y recordatorio correspondiente al respeto de la ley.
Querer justificar esas acciones proselitistas, mezcladas con un pliego de demandas populares justas, descalificando la Junta Central Electoral sería debilitar la construida confianza que ha generado este nuevo órgano de arbitraje electoral en la población votante y no votante.
Desde esta columna hacemos un llamado a los partidos políticos a respetar y preservar la autoridad de la Junta Central Electoral evitando acciones partidarias proselitistas que riñen con las leyes vinculantes a los procesos electorales en sus debidos tiempos.
Es saludable para la democracia dominicana en desarrollo, para el sistema de partidos, que el liderazgo político del oficialismo y de la oposición asuma y actúe en el marco de la ley de Partidos Políticos que rige en República Dominicana, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, de la Ley de la Junta Central Electoral, contribuyendo a que el sistema democrático y político continúe fortaleciéndose con transparencia, equidad y objetividad hacia venideros procesos electorales, en un marco de confianza y credibilidad que ha sabido construir con su accionar la Junta Central Electoral que debemos preservar.
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