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Con Miguel Mejía

por Tomás Aquino Méndez

Me ha impactado, penosamente, el debate surgido en los últimos días en torno a un servidor público. Mi pena no es por el tema en sí, ni por la figura de ese ciudadano. Es por los protagonistas involucrados. Por el enfoque y la agresividad contra alguien por solo ser funcionario de un gobierno y tener pensamientos.

Creen que ostentar el cargo de MINISTRO es alquilar sus ideales al gobierno al que se sirve. A muchos de estos “OPINADORES”, les tenía cierta admiración. Regularmente buscaba sus comentarios en diversos medios. Quedé sorprendido al escucharlos pedir la destitución “INMEDIATA” del ministro Miguel Mejía por defender al gobierno de Nicolás Maduro, con quien tiene una relación personal de años. Mejia, con su postura difiere de la posición del Gobierno Dominicano con relación a las elecciones en Venezuela.

Quienes piden la CANCELACIÓN del ministro piensan, erróneamente, que aceptar un cargo en el gobierno, es dejar de ser YO. Ignoran, al parecer, que al asumir un cargo el ciudadano se compromete a ser honesto, transparente, respetar las leyes y defender a su país. No decide dejar de pensar. No asume ser cómplice de las metidas de patas o de manos del gobierno al que pertenece por una u otra razón. Expreso mi solidaridad con Miguel Mejía. Su postura independiente no es de ahora con el gobierno al que pertenece y que encabeza alguien a quien él admira, respeta y tiene una consideración particular de hace años. Miguel ha dicho siempre SU VERDAD y defendido las cosas que cree y por las que ha luchado. No se alquila el pensamiento por un ministerio u otro cargo. Se debe ser fiel al gobierno que se sirve, pero nunca seguir los pasos a posiciones que chocan con tus creencias y pensamiento liberal e independiente. No se cambia ideología y honor, por un cargo en el gobierno.

Gobernar no es más que prever

Si, como dejara escrito José Martí “Gobernar es la cualidad esencial en la constitución y gobierno de los pueblos. Gobernar no es más que prever”, entonces la imprevisión es la antítesis del buen gobierno, significando que, como definía el Apóstol de la independencia de Cuba, “… dejar de prever es un delito público”

Las decisiones de Estado han de ser obra de la previsión, del estudio previo y mesurado, del análisis histórico del problema a encarar y de sus posibles líneas de evolución. La toma de decisiones por los gobernantes es un proceso, a veces dilatado, pero siempre debe ser previsor, sopesando los pro y contra y definiendo cómo se pueden beneficiar los intereses supremos de la nación.

Por estos días se ha desatado una polémica alrededor de las críticas efectuadas por el ministro Miguel Mejía, miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, ante la postura asumida por los resultados de las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio, y la incautación por autoridades norteamericanas, en territorio dominicano, de dos aeronaves venezolanas.

Como es de esperar en polémicas de este tipo, la opinión pública se mostró dividida; quienes apoyan las críticas de Mejía consideran que la postura asumida por el gobierno excede y pone en crisis la tradicional postura dominicana de  respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, mientras que quienes defienden la decisión adoptada argumentan que se trata  de un problema de alcance hemisférico, que exige la adopción de medidas de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Estos últimos agregan que el ministro Mejía, en tanto miembro del gabinete, no debería haberlo criticado públicamente.

A reserva de que si vamos a los hechos históricos, incluso del presente, los problemas electorales y los procesos políticos de un país solo se consideran “un problema hemisférico” cuando así lo dictamina la administración norteamericana de turno, y entonces y solo entonces, se moviliza a la OEA y a otros gobiernos, lo cual no se hizo, por ejemplo, en el Perú, ni cuando un golpe de estado derrocó al presidente boliviano Evo Morales. En este último caso la OEA y gobiernos afines a la política norteamericana apoyaron el golpe.

No es en el mejor interés dominicano que estemos abandonando la política de no injerencia y respeto a la soberanía de los demás pueblos. Somos una nación que ha sufrido en carne propia, y más de una vez, las consecuencias del irrespeto a nuestra soberanía, y dicho sea de paso, compartimos una misma isla con la República de Haití. ¿Nos movilizaremos también ante los desastres políticos electorales e internos de esa nación, que nos tocan de muy cerca, o esto es solo para otras naciones ricas del hemisferio, ambicionadas por intereses geopolíticos que no son los nuestros?

El presidente Abinader ha sido sorprendido en su buena fé y confianza por malos asesores, que priorizaron los intereses foráneos a los intereses nacionales, y eso es una señal peligrosa. No hubo previsión alguna en dichos asesores al sugerir la postura que se adoptó por nuestro país formando parte de un grupo de gobiernos ante el proceso electoral venezolano.

Las críticas a lo expresado por el ministro Mejía, porser miembro del gabinete, tampoco se sostienen. Hay ministros que tienen que salir de un gobierno por corrupción o mala gestión, lo que no es el caso, y nohan despertado la santa cólera ni provocado los reproches que en ese caso se han formulado. El ministro Mejía lo ha sido de tres administraciones y no es casualidad que la tarea principal asignada por las tres haya sido el apoyo a la integración regional y las negociaciones bilaterales con gobiernos de izquierda, con los cuales los canales diplomáticos tradicionales no funcionarían. Pocos como él, batallaron durante 20 años por el establecimiento de relaciones plenas entre República Dominicana y la República Popular China. Su amistad personal con líderes de países como Brasil, México, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Vietnam y China han constituido un activo importante para el país.

Al criticar lo criticable, Miguel Mejía se ha mostrado mucho más previsor, o mejor estratega político, que los imprevisores que asesoraron al presidente Abinader en una decisión errónea. Para eso se encuentra en el gabinete, esa es la tarea asignada, así se cumplen los deberes, sin cálculo cortesano y poniendo por encima de todo a la patria.

Porque mal que le pese a algunos, la previsión, en este caso, debería haber pasado por la ecuanimidad, la prudencia y lucidez que siempre han caracterizado las políticas del presidente Abinader.

Ellos son los imprevisores.

Eliades Acosta Matos

Miguelón Mejía… toda una historia

Para cuando lo conocí, cerca de una década después de la revuelta de abril, ya yo sabía que la Dictadura del Proletariado no tenía sentido para mí. De hecho, mantuve una relación pasiva con casi todos los grupos de tendencia socialista, pero privilegiaba emocionalmente, “el pensamiento luminoso” del camarada Pin. Esto me puso en una situación de antípodas -dentro del espectro de izquierdas- a Miguelón, que era mucho más joven que yo y supuestamente “revisionista”, como lo fueron Carlos Dore y doña Consuelo Despradel, entre otros prominentes dominicanos.

En realidad, nunca llegamos a ser “amigos”, ni “conocidos” siquiera, pero tampoco nos enfrentamos en aquellas absurdas luchas que marcaron las dos décadas perdidas del movimiento pro socialista dominicano y eso es algo que yo valoro mucho. Sin embargo, he seguido de cerca su carrera como adulto en la política y consigo aquilatar, además, su fidelidad a las convicciones y creencias que motivaron su más de medio siglo de militancia revolucionaria, algo que yo jamás experimenté de manera personal.

Esto que relato viene a cuento porque debo dejar sentado que no he tenido contacto alguno con Miguelón, ni comparto siempre sus pareceres políticos. Pero reconozco su lucha por lo que él considera justo y lo especial del trabajo que ha realizado para el Estado dominicano a lo largo de cuatro diferentes administraciones. Es un trabajo que demanda confianza, responsabilidad y la mayor capacidad de transmitir ideas ajenas y disposición para construir vías de entendimiento entre líderes de naciones diferentes.

Esa actividad de comunicación informal a veces, entre gobernantes y personalidades de distintos países, ha estado presente a lo largo de la historia, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Ordinariamente, tales labores están a cargo de los embajadores y demás funcionarios diplomáticos acreditados por los estados envueltos. Sin embargo, hay ocasiones en que los contactos se hacen a través de “personas especiales” que, como Miguel Mejía, inspiran confianza a los interesados, por las razones que fueren.

Incómoda posición

Me ha llamado la atención y motivado hacer esta confesión personal, el hecho de que en este momento Miguelón se encuentra en una incómoda posición pública, donde hay comunicadores, tan gobiernistas como yo, algunos de ellos cobrando en las nóminas del Estado, que quieren hacer trizas del indómito servidor público que es Miguel Mejía. Y con ese fin hasta desconocen normas elementales de la metáfora como, herramienta del hablar cotidiano.

Cuando Miguelón dice que el señor Celso Marranzini, Zar de la Electricidad en RD, actúa, o es como un “perro huevero, que come huevos, aunque le quemen el hocico”, no está diciendo ni que don Celso sea un perro, tampoco que coma huevos -algo que él posiblemente si hace- y mucho menos que le quemarán el hocico. Esta metáfora, usada a modo de refrán, parece ser de origen mexicano o español y significa que » alguien es reiterativo en cometer algún delito o hecho censurable”.

En realidad, yo desconozco los hechos que avalan la opinión de Miguel Mejía sobre Celso Marranzini y no trataré de justificarlos o negarlos; eso parece que será asunto a verse en los tribunales, y ojalá que se pudiera evitar. Lo que si me extraña es el coro de comunicadores que piensa que Miguelón ofende al señor Marranzini llamándole perro y raudos acuden en su defensa; defensa que resulta tan innecesaria como ridícula.

Pero el ridículo mayor lo hacen aquellos que piden a Miguel Mejía que renuncie al cargo porque contraviene la opinión del Presidente, sobre el caso de Venezuela; y los mas temerarios hasta amenazan con pedirle a Luis Abinader, que cancele a Miguelón, olvidándose de que el Presidente sabe muy bien lo que piensa su ministro sobre el susodicho caso del gobierno venezolano. También olvidan o desconocen que a los presidentes no les produce ninguna gracia, que sus funcionarios les digan lo que debe hacer sin haberles preguntado; y menos públicamente.

Lo que si pudiera tener consecuencias, se demuestre o no, es que Celso Marranzini haya cometido actos contradictorios con la ley. En cualquier caso, uno de los dos funcionarios morderá el polvo de la derrota. Y ese ruido, en modo alguno favorecerá al gobierno de Abinader, especialmente en este período de solidificación de sus logros y avances; por ello, es imperativo que se termine esa discusión.

En este punto del relato quiero hacer algunas precisiones con relación a esta nota y a mi valoración sobre Miguel Mejía. Lo primero es que escribo porque creo que Miguelón es un hombre serio, responsable y productivo; y en segundo, lugar porque un amigo en común me lo solicitó.

Miguelón es en mi opinión, un hombre que se rediseñó a sí mismo, rompiendo con la trayectoria que siguió la mayoría de los izquierdistas. En ese nuevo rumbo se encaminó hasta convertirse en un “hombre de Estado”, sirviéndole al país al margen del gobierno de turno y siempre pensando en el interés nacional.

Incluso, cuando su condición física lo demandó, tomó la decisión correcta y ello le ha permitido mantenerse en el censo nacional y trabajando por los mejores intereses de su país.

¡Larga vida Camarada!

¡Vivimos, seguiremos disparando!

Mejía: con entrega avión a EE.UU. se violó soberanía República Dominicana

El ministro para Políticas de Integración Regional de la República Dominicana, Miguel Mejía, aseguró que con la incautación del avión de Venezuela por parte de los Estados Unidos en territorio de la República Dominicana, se cometió una violación a la soberanía nacional y los derechos internacionales.

‘‘Ese avión había venido aquí varias veces en misiones, incluso hasta a Estados Unidos, entonces estamos ante una violación de la soberanía nacional y los derechos internacionales ¿Qué buscan esas agencias dándonos ordenes aquí? Aquí hay organismos que se pueden encargar de eso”, indicó.

El también secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), dijo que instituciones internacionales, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos utilizaron una táctica dilatoria para mantener el avión secuestrado en la República Dominicana.

El funcionario manifestó que las entidades internacionales crearon un marco jurídico, primero buscaron un juez y ese juez se negó a dar un fallo en relación con el secuestro de ese avión, después buscaron a Kenya Romero (jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional), y ella dio el fallo autorizando la detención del avión’’.

Mejía reiteró que “se puede estar o no de acuerdo con el proceso Bolivariano de Venezuela pero lo que está claro es que ha habido violaciones a la soberanía de República Dominicana y que se ha consumado una acción que violenta el derecho internacional’’.

Además, agregó que el presidente Luis Abinader fue el último en enterarse de lo que estaba pasando con el secuestro de ese avión y que en el momento en que se le hizo saber la situación ya el hecho había sucedido.

Miguel Mejía expresó que no está de acuerdo con el calificativo de ladrón que le ha referido Nicolás Maduro al mandatario dominicano, Luis Abinader.

No obstante, el ministro para Políticas de Integración Regional dijo que su argumento se basa en el derecho internacional, el cual dijo que ha sido violado al entregar la aeronave a Estados Unidos.

Por una reforma tributaria equitativa, justa y progresiva

Como en cada tema de especialidad que incide en la dinámica política y social del país sobre los cuales nos preocupa su repercusión en la dinámica de vida del pueblo dominicano, antes de abordarlo en esta columna siempre consultamos con expertos para ofrecer a nuestros lectores una visión basada en la realidad y el conocimiento. En esta ocasión, dado el tema escogido hemos conversado ampliamente con el buen amigo Iván Leónidas Rodríguez, para mí el mejor economista de nuestro país, y analizamos el impacto que en todos los órdenes podría tener la anunciada reforma tributaria que proyecta presentar el Gobierno.

En el año 2012 fue promulgada la Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su Artículo 36 estableció de manera taxativa los lineamientos para la consecución de un Pacto Fiscal que garantizara para el año 2015 alcanzar una presión tributaria del 16% a 19% para el año 2020 y el 21% para el año 2025. En la actualidad, año 2024, dicho indicador fiscal ronda el 14.3% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el país muestra un significativo retroceso en tan importante hecho tributario.

Precisamente, al observar el indicador de la presión tributaria con respecto a otros países de la región latinoamericana, cuyo promedio es el 19%, la Republica Dominicana muestra un rezago de cerca del 5%. No vamos a ponderar en este artículo las razones de la incapacidad de los gobiernos dominicanos de tener tan baja presión tributaria. Pero sí debemos señalar que es a través de los gastos públicos, bien orientados, bajo el principio de una buena gestión de calidad, que los gobiernos pueden combatir la pobreza y la desigualdad, al realizar una mejor distribución del ingreso para favorecer a los que más necesitan del Gobierno.

Tampoco vamos a analizar el derrotero o trayectoria, como le llaman los economistas, de la creciente y peligrosa deuda pública que ya sobrepasa el 60% del PIB. Existen dos caminos: o recaudamos más para gastar mejor o seguimos tomando préstamos para castigar a las generaciones futuras. No existe otro camino. El Gobierno debe mejorar su eficiencia administrativa en la ejecución del gasto y la vigilancia de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos y ser implacable con aquellos que hagan un mal uso de los mismos.

No hay otra alternativa que aumentar la capacidad recaudatoria y al mismo tiempo atacar los flagelos de la evasión, la elusión y la hipertrofia de los subsidios y exenciones innecesarias.

Desconocemos el monto del PIB de la Reforma Tributaria que está siendo diseñada. Si nos atenemos al déficit fiscal estructural que presentan las finanzas públicas o a la diferencia porcentual entre lo que se recauda y lo que se gasta estaríamos hablando de una reforma tributaria de más del 3% del PIB, que para el próximo año 2025 equivale a más de 250 mil millones de pesos. ¿Está en capacidad o voluntad política el gobierno del presidente Luis Abinader de emprender ese significativo reto? Eso sólo lo saben las autoridades que están dirigiendo las finanzas públicas. Aprovecho este artículo para advertir que una reforma que quede por debajo del déficit fiscal será un nuevo parche tributario. Más de lo mismo.

Esto es lo que se ha hecho en las últimas siete reformas tributarias. Se debe prestar atención a esta situación si en verdad existe la voluntad política de comenzar a reducir el tamaño de la deuda pública y de atender las urgencias y necesidades de la sociedad dominicana, mayormente de los sectores más empobrecidos. De no ser así, pronto tendríamos que volver, de nuevo, a la misma actuación por insuficiencia de recursos.

La carencia de buenos y eficientes servicios públicos en el país tiene su razón en la baja capacidad recaudatoria del sistema tributario. Y esto, a su vez, tiene dos motivos: la alta evasión en los dos principales impuestos, (Impuesto sobre la Renta e Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados -ITBIS-) y en los altos niveles de exención que privilegia mayoritariamente a los sectores sociales de mayores ingresos. En este contexto, se hace imperativo que una reforma tributaria, como ya se perfila realizar, tiene que ser equitativa, justa y progresiva, de modo que le garantice al gobierno construir el sistema tributario donde los bacilos de la evasión y el favoritismo fiscal no tengan espacio.

Es del conocimiento público que en cada ejercicio presupuestario el gobierno de turno otorga una enorme cantidad de exenciones tributarias en favor de sectores económicos que gozan de grandes rentabilidades y utilidades. Nos referimos al sector turismo, las zonas francas, hidrocarburos y por el lado del ITBIS se otorgan exenciones a productos y servicios de consumo de los llamados quintiles más ricos de la canasta familiar, como los quintiles 3, 4 y 5 respectivamente, que comprenden los componentes familiares de mayor acceso a la canasta familiar según sus niveles de ingresos.

Estos productos y servicios tienen que ser gravados, aunque sea con una tasa más baja, que ronde el 14%. Para que se tenga una idea del volumen de ingresos que el gobierno deja de percibir por estas exenciones, en el Presupuesto Público del 2024 el monto alcanza la astronómica cifra de 341 mil millones de pesos y solo el ITBIS recibe de exenciones por más de 180 mil millones de pesos. Cabe señalar que, si a estas altas cantidades de ingresos dejados de percibir por el Gobierno les sumamos los dejados de percibir por incumplimiento o evasión tributarios, los valores superan los 500 mil millones de pesos, de acuerdo con nuestra fuente.

Sabemos que eliminar la evasión por decreto y de una vez, no es posible. Es un proceso que debe comenzar con firmeza, responsabilidad y transparencia en la Reforma Tributaria que se propone hacer.

El Código Tributario tiene grandes fallos en el Título del Impuesto sobre la Renta que permiten a las empresas deducir de sus ganancias o utilidades grandes valores que son declarados como gastos deducibles, que disminuyen así el monto real a pagar al fisco, cuando no es declarando pérdidas y en consecuencia, dejan de tributar lo debido a las autoridades tributarias.

La eliminación de los llamados gastos tributarios debe comenzar por aquellos que mayormente benefician a sectores que ya no lo necesitan porque sus incentivos cumplieron con su objetivo de promover su crecimiento. Es necesario que la reforma sea equitativa, lo que significa que el que más gana, más debe pagar. Que sea justa, es decir, que los más pobres del país no deben cargar con el mayor peso de los impuestos y que sea progresiva, para que el sistema tributario tenga mayor peso de los impuestos directos que los impuestos indirectos o al consumo. Actualmente, más del 67% de los impuestos en el país recae sobre el consumo, y afectan principalmente a los quintiles más pobres de la canasta familiar.

Lamentablemente, no creemos en el equipo económico del Gobierno. Son personas que responden fundamentalmente a intereses de determinados grupos económicos, que su único propósito es ensanchar su mercado y ampliar sus capitales en base a privilegios del gobierno.

Propugnamos por una real y efectiva mejora en la calidad del gasto público, de manera que los recursos sean orientados a las inversiones reproductivas y necesarias que demanda la sociedad, en el marco de la agenda nacional que representa la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, un instrumento fundamental que tiene como objetivo el desarrollo sostenible del país en base a ejes estratégicos, objetivos generales y específicos en áreas como educación, salud, empleo, medio ambiente, seguridad ciudadana, infraestructuras, políticas transversales, incluido su monitoreo y evaluación a los fines de medir el progreso y ajustar las políticas según sea necesario.

La verdadera justicia tributaria y fiscal es recaudar más, pero gastar e invertir mejor. La pobreza se combate con justicia social, por eso propugnamos por una reforma tributaria equitativa, justa y progresiva.