Cuatro presidentes de EE. UU. desataron una devastadora guerra económica en el mundo.
« The Washington Post », 26 Julio 2024. 18:47
Estados Unidos impone sanciones a un ritmo récord de nuevo este año, con más del 60% de todos los países de bajos ingresos ahora bajo algún tipo de penalización financiera, según un análisis del Washington Post.
La política de sanciones de Estados Unidos bajo cuatro administraciones presidenciales alcanzó niveles sin precedentes, según un informe reciente de Jeff Stein y Federica Cocco para The Washington Post.
En Cuba, las medidas impuestas por Estados Unidos durante más de 60 años no lograron derrocar al gobierno, pero sí dificultaron la llegada de suministros médicos vitales a la isla.
Mientras en Irán, las sanciones desde los años 1970 no consiguieron obligar a los gobernantes de Teherán a ceder el poder y llevaron al país a formar alianzas estrechas con Rusia y China.
Asimismo, en Siria, Bashar al-Assad sigue en el poder a pesar de las medidas vigentes desde hace 20 años, mientras el país lucha por reconstruirse tras la guerra imperial con un aumento significativo de la necesidad de ayuda humanitaria.
En la actualidad, Estados Unidos impone tres veces más sanciones que cualquier otro país u organismo internacional; castiga a un tercio de todas las naciones con algún tipo de penalización económica a personas, propiedades u organizaciones, y las convierte en un arma de guerra económica perpetua.
Las correcciones pueden aplastar industrias nacionales, borrar fortunas personales y alterar el equilibrio de poder político de los países sin poner en peligro a un solo soldado estadounidense.
En Washington, el auge de las multas generó una industria multimillonaria. A otras naciones las empujaron al mercado negro, potenciaron las redes criminales y las bandas de contrabandistas.
Según el Washington Post, los adversarios de Estados Unidos intensificaron sus esfuerzos para eludir los castigos económicos, y al igual que la acción militar, la guerra económica deja daños colaterales.
Las medidas contra Venezuela contribuyeron a una contracción económica aproximadamente tres veces mayor que la causada por la Gran Depresión en Estados Unidos.
Corea del Norte fue sancionada durante más de medio siglo, pero no detuvieron los esfuerzos de Pyongyang por adquirir armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales.
De acuerdo con el artículo, poco hicieron las medidas estadounidenses para disuadir al gobierno de Nicaragua y a su presidente Daniel Ortega.
A su vez, dos años de sanciones a Rusia parecen degradar las perspectivas económicas a largo plazo de Moscú y elevar los costes de la producción militar. Pero en este caso, las sanciones engendraron una “flota oscura” de buques que venden petróleo al margen de la normativa internacional.
Sin embargo, la alarma por el aumento de las sanciones llegó a las más altas esferas del gobierno estadounidense.
Algunos altos funcionarios manifestaron al presidente Biden que el uso excesivo de las sanciones corre el riesgo de restar valor a esta herramienta, pero tras la alarma siempre tienden a ver cada acción individual como justificada, lo que hace difícil detener la tendencia.
Estados Unidos impone sanciones a un ritmo récord de nuevo este año, con más del 60 por ciento de todos los países de bajos ingresos ahora bajo algún tipo de penalización financiera, según el análisis del Washington Post.
Pero estas poderosas herramientas de guerra económica pueden tener consecuencias imprevistas, perjudican a la población civil y socavan los intereses de la política exterior estadounidense.
La invasión de Kuwait por Saddam Hussein en 1990 dio lugar a una nueva forma de arma: el bloqueo internacional de las exportaciones a Irak.
Tras la Guerra del Golfo, las penas impuestas a Irak le impidieron exportar petróleo o importar suministros para reconstruir sus diezmados sistemas de abastecimiento de agua y electricidad, y enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea se multiplicaron.
Hoy en día, el dólar compra el acceso a la economía estadounidense, pero también sustenta el comercio internacional incluso cuando no hay conexión con un banco o empresa estadounidense.
Las materias primas, como el petróleo, son cotizadas en todo el mundo contra el billete verde, y los países que comercian con sus propias monedas dependen del dólar para completar sus transacciones internacionales.
Esa supremacía financiera crea un riesgo para los adversarios de Estados Unidos e incluso para algunos aliados. Para negociar en dólares, las instituciones financieras deben a menudo pedir prestado, aunque sea temporalmente, a sus homólogas estadounidenses y cumplir las normas del gobierno de Estados Unidos. Esto convierte al Departamento del Tesoro en el guardián de las operaciones bancarias mundiales.
Los funcionarios del Tesoro pueden imponer sanciones a cualquier persona, empresa o gobierno extranjero consideradas amenazas para la economía, la política exterior o la seguridad nacional de Estados Unidos.
Conforme a The Washington Post, no es necesario acusar, ni mucho menos condenar, a nadie por un delito concreto. Pero la medida convierte en delito realizar transacciones con la parte sancionada.
Estar bajo las sanciones de Estados Unidos equivale a una prohibición indefinida de gran parte de la economía mundial.
En la década de 1990, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro fue responsable de la aplicación de un puñado de programas de sanciones.
Una de sus principales responsabilidades era bloquear las ventas estadounidenses de puros cubanos.
Todo eso cambió tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El Congreso promulgó una ley para obligar a las instituciones financieras a mantener registros de las transacciones de los consumidores y entregarlos a las fuerzas de seguridad.
De repente, las autoridades estadounidenses dispusieron de un gran volumen de información sobre los clientes bancarios de todo el mundo, al tiempo que el auge de la banca digital ofrecía nuevos datos sobre el flujo mundial de dinero.
A medida que el Departamento del Tesoro pasó a ser un actor clave en la guerra global contra el terrorismo, los responsables políticos estadounidenses empezaron a comprender el poder de la hegemonía financiera de la nación.
En 2003, Corea del Norte alarmó al mundo al retirarse de un tratado sobre armas nucleares. Los funcionarios del Tesoro del presidente George W. Bush no sólo apuntaron al banco de Macao, procesador de pagos para Pyongyang, sino que amenazaron a todos los bancos que comerciaran con él.
Según The Washington Post, el libro de jugadas pronto cambió para incluir objetivos más grandes y una aplicación más agresiva.
En 2010, el presidente Barack Obama colaboró con el Congreso para aprobar sanciones destinadas a obligar a Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares.
A su vez, el Departamento de Justicia empezó a imponer multas de miles de millones de dólares a los bancos occidentales que desafiaban las prohibiciones del Tesoro.
Estas sanciones fueron aplicadas a Irán y a empresas relacionadas, y socavaron los vínculos de Teherán con los mercados internacionales.
La demostración de poder dio lugar a nuevas demandas. En el segundo mandato de Obama hubo imposición de sanciones a una lista cada vez mayor e incluyó a militares de la República Democrática del Congo, proveedores del ejército yemenita, funcionarios libios vinculados a Moammar Kaddafi y al presidente Bashar al-Assad.
El Congreso entró en acción, inundó el Departamento de Estado y la Casa Blanca con solicitudes de sanciones que, en algunos casos, parecían destinadas a cortar la competencia extranjera a las industrias del país.
Ya en 2014, el tratado sobre la incorporación de la República de Crimea en la Federación de Rusia planteó al Tesoro un enorme desafío. Países como Corea del Norte e Irán eran vistos como serias amenazas a la seguridad nacional, pero nadie creía que fueran parte integral de las finanzas globales.
A mayores desafíos aumento de sanciones.
Las sanciones a Rusia dirigidas contra aliados del presidente Vladimir Putin y bancos estatales no tuvieron efecto aparente en el control de Crimea. Los líderes europeos expresaron molestias por las multas impuestas a sus bancos.
El número de entidades sancionadas parecía crecer demasiado rápido para que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos pudiera seguirle el ritmo. La falta de claridad generó confusión, las peticiones de aclaración fueron multiplicadas y el número de demandas contra la agencia se triplicó.
También surgió un reto más existencial: El poder de las sanciones residía en negar a los actores extranjeros el acceso al dólar. Pero si las sanciones hacen arriesgado depender del dólar, los países pueden encontrar otras formas de comerciar para eludir por completo las sanciones estadounidenses.
En marzo de 2016, el secretario del Tesoro de Obama, Jack Lew, advirtió de la “extralimitación de las sanciones” y el riesgo de su “uso excesivo”.
Pero la administración entrante de Donald Trump volvió a encontrar nuevos usos para el arma financiera al aplicar más sanciones que nunca.
Como presidente, Donald Trump utilizó las sanciones como retribución de formas nunca concebidas: las ordenó, por ejemplo, contra funcionarios de la Corte Internacional de Justicia después de abrir una investigación por crímenes de guerra sobre el comportamiento de las tropas estadounidenses en Afganistán.
La administración Trump también golpeó a Venezuela con sanciones paralizantes. El objetivo era desacreditar al gobierno de Nicolás Maduro y fomentar la oposición.
Pero las disposiciones no lograron derrocar a Maduro y el gobierno de expresidente Trump es culpado por exacerbar uno de los peores colapsos económicos en tiempos de paz en la historia moderna.
Planes de reformas aparcados
En el momento de la toma de posesión de Biden, surgió un consenso entre su equipo de transición de cambiar las cosas.
A partir del verano de 2021, cinco empleados del Tesoro elaboraron un borrador interno en el cual propusieron reestructurar el sistema de sanciones.
Pero, al igual que a las tres administraciones anteriores, al equipo de Biden le resultó difícil renunciar a ese poder.
Cuando el Tesoro hizo pública la revisión de las sanciones 2021 en el mes de octubre, el borrador de 40 páginas fue reducido a ocho y contenía las recomendaciones más desdentadas del documento anterior, según personas familiarizadas con el asunto.
Meses después, inició la operación especial militar de Rusia en Ucrania y Biden desató una oleada sin precedentes de más de seis mil sanciones en dos años, y no sólo contra Rusia.
La administración Biden sancionó a diferentes objetivos, incluidos colonos israelíes en Cisjordania, exfuncionarios del gobierno en Afganistán, presuntos traficantes de fentanilo en México y una empresa de software espía de Macedonia del Norte.
Mientras tanto, las sanciones que Biden dijo suavizaría, como las impuestas por Trump a Cuba, fueron mantenidas en gran medida bajo la presión del Capitolio, a pesar de la opinión entre altos funcionarios de la administración de que el embargo (bloqueo) contra Cuba es contraproducente y un fracaso.
El gobierno de Biden tomó medidas para mitigar las consecuencias imprevistas. El año pasado, el Tesoro anunció la contratación de economistas para analizar el impacto económico de las sanciones.
Los grupos humanitarios elogiaron los esfuerzos de la administración Biden para garantizar que los suministros médicos y los alimentos críticos puedan entrar en los países sometidos a sanciones.
Uno de los peores temores de los críticos no fue materializado: El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva del mundo, al menos por ahora.
A criterio del subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, las sanciones son una herramienta importante para ayudar a promover la seguridad nacional, pero sólo deben utilizarse como parte de una estrategia de política exterior más amplia.
La revisión de sanciones del Tesoro en 2021 proporcionó una hoja de ruta útil para ayudar a perfeccionar el uso de esta importante herramienta, agregó.
Pero otros problemas parecen empeorar, según The Washington Post.
Algunos funcionarios de la Casa Blanca subcontrataron cuestiones de seguridad nacional a organizaciones sin ánimo de lucro, mientras idearon escenarios en los cuales las sanciones aumentarían de manera masiva para hacer frente a los adversarios de Estados Unidos.
A finales de 2022, altos asesores volvieron a debatir la reforma de las sanciones estadounidenses. En conversaciones a puerta cerrada en las cuales participó Biden, los expertos hablaron de la necesidad de establecer directrices para la política económica, incluida la limitación del uso de sanciones a momentos en los que “los principios internacionales básicos de la paz y la seguridad estén amenazados”.
Pero estas ideas quedaron aparcadas ante exigencias más apremiantes, concluyó el informe de Jeff Stein y Federica Cocco para The Washington Post.
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