Tómenle la palabra al presidente
El Director de Comunicaciones de la presidencia, el destacado periodista Félix Reyna, debuta luego de asumir su cargo, junto a los titulares de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales -Sisalril-, Miguel Ceara Hatton y el actual director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud –Senasa, Edward Guzmán, respectivamente, con un anuncio en rueda de prensa el sábado 13 de los corrientes, de que el presidente de la República Luis Abinader, remitiría en esa misma fecha, a la Procuraduría General de la República, a través de los referidos funcionarios, un informe con graves irregularidades sobre el manejo de dicha entidad.
A principios del presente mes y antes de la remisión de este informe del Poder Ejecutivo, en dos programas de televisión se transmitieron sendos reportajes que abordan las investigaciones relacionadas con supuestas acciones fraudulentas en el Senasa, que muchos han calificado como un inaudito caso de corrupción.
Horas después de que el referido informe reposaba en la Procuraduría, el presidente Abinader publicó en sus redes sociales una especie de advertencia en la que destacaba: “Tengo muchos amigos, pero no cómplices”, con lo que, a nuestro modo de ver, enviaba un mensaje tanto a los posibles responsables de tal escándalo como a los representantes de la justicia dominicana, que el propio presidente, desde su primer mandato, ha querido sea una justicia independiente.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción -PEPCA- solicitó el martes 16, a la periodista y productora Nuria Piera, la entrega, cuanto antes, de todas las emisiones de su programa televisivo “Nuria Investiga” relativas a las investigaciones con las supuestas acciones fraudulentas en la citada entidad pública. Al momento de conocerse públicamente esta solicitud, muchos pensaron, y me incluyo, que en esta ocasión la Procuraduría General de la República, mediante las instancias correspondientes, se dispone a realizar una labor apegada a todo el rigor de las leyes en procura de desarrollar el debido proceso hasta las últimas consecuencias. Es lo que espera el pueblo dominicano, especialmente los sectores populares afectados que están denunciando casos irregulares en el uso y manejo de su seguro de salud.
Otros, cuestionaron la pertinencia o no de que la PEPCA en vez de proceder a realizar sus propias investigaciones, decidiera solicitar a la periodista todos los programas de sus investigaciones al respecto. A lo que la entidad persecutora de la corrupción ha aclarado que su requerimiento se enmarca en el artículo 285 del Código Procesal Penal, que establece los mecanismos legales para la obtención de medios de pruebas durante una investigación penal.
¿Qué implica la crisis en Senasa?
Desde que este caso salió a la luz pública mediante una combinación de denuncias personales, periodísticas, auditorías oficiales y hasta testimonios de personas afectadas con características de protegidos, se fue conociendo un entramado de irregularidades con base financieras que vincula lo público y lo privado y amenaza la estabilidad y desarrollo del régimen subsidiado de salud, así como la continuidad adecuada de los servicios de sus coberturas. Independientemente de la reiteración del Gobierno central de que los servicios serán garantizados.
Lo que se conoce hasta ahora sobre esta crisis es que del caso derivan grandes irregularidades administrativas y financieras que dan al traste con una situación sin precedentes en materia de corrupción en la República Dominicana.
Entre las irregularidades detectadas, información de dominio público, figura el hecho de que más de 4,000 procedimientos médicos nunca fueron realizados, aunque sí autorizados y facturados como si hubiesen tenido efecto. Según esta revelación en este caso funcionab un centro de llamadas paralelo operado por supuestos exempleados de la institución que gestionaban dichas autorizaciones fraudulentas con datos reales de identidad de los afiliados. Esta operación compromete la suma de más de 41 millones de pesos en pagos ilícitos que favorecen a prestadores privados. Informes periodísticos indican que en esta red participarían empresas de altos funcionarios vinculadas al sistema.
Otras irregularidades denunciadas abarcan firmas de contratos irregulares, incremento acelerado de nóminas de empleados, apertura de 19 oficinas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, funciones que tradicionalmente realizaban los consulados. También se aluden dificultades de los afiliados para acceder a medicamentos básicos y largo tiempo de espera para recibir los servicios. Esta situación ha abierto una alerta para clínicas y médicos, farmacias, laboratorios cuyas operaciones dependen de los pagos del Senasa y lo más grave son las grandes limitantes de los sectores más pobres en su derecho de acceso a la salud.
Tómenle la palabra al presidente. El Ministerio Público tiene un enorme reto con el manejo de las investigaciones y la aplicación de justicia en esta crisis, cuyo abordaje investigativo y del régimen de consecuencias debe estar sujeto firmemente a las leyes, sin privilegios. Tomarle la palabra al presidente significa segregar la complicidad y quienes resulten culpables de este desastre con la salud del pueblo y los fondos públicos, amigos o contertulios, como se quieran considerar, independientemente de las funciones públicas o políticas que ostenten, reciban las consecuencias bajo el principio de tolerancia cero contra la corrupción.
