En horas en las que desde Venezuela luchamos en defensa de nuestra soberanía, de nuestro patrimonio y clamamos por el respeto de la justicia, del derecho y de la razón internacional, apelamos a todos y todas, en especial, a los hermanos y hermanas de Argentina a acompañarnos en la defensa de nuestro avión que fraudulentamente fue secuestrado en el Aeropuerto de Ezeiza, dejándolo bajo disposición judicial y prohibiéndole la salida del país a su tripulación sin argumentos jurídicos legítimos y suficientes, que lejos de reafirmar el derecho y la soberanía del país austral contradicen todos los tratados del Derecho Internacional (DI) que regulan la aviación civil suscritos por Argentina y, por tanto, el derecho interno de esa república.

Lejos de un hecho aislado, es una amenaza para todo el sistema internacional y para todos los pueblos, al permitir que se desechen principios fundamentales del derecho, transformando una Nación hermana en la arena en la que nos hieren las coerciones que Estados Unidos de Norteamérica, en su desprecio por los demás países y desde su profunda convicción de superioridad instauran el bloqueo que tiene la entidad de un crimen de lesa humanidad.

Hacemos este llamado en reconocimiento de las relaciones de profunda hermandad que nos unen y de la larga tradición de respeto del DI por parte de la Argentina, para exigir cesen las acciones y las difamaciones por medio de las cuales permanece secuestrado un avión venezolano en ese país, así como su tripulación. La trama a la que nos referimos inicia en junio del año 2022, cuando las empresas que suministran combustible a las aeronaves en Argentina se niegan a venderle a la estatal venezolana, ejecutando así acciones conexas con medidas coercitivas unilaterales, extendiendo sus efectos y aplicando en consecuencia otras medidas restrictivas o punitivas a Venezuela.

Esta situación devela que de manera clara Argentina se ha subordinado a los intereses de Estados Unidos, al entregar su derecho a sostener de manera soberana relaciones comerciales con otras naciones y en especial con Venezuela, lo que contraría su política exterior.

Desde allí inicia una acción de lawfare (guerra jurídica- judicialización de la política), al tratar de convertir en verdades jurídicas lo que no son más que mentiras mediáticas repetidas por los sectores de la prensa mundial y local que se reconocen enemigas del gobierno venezolano. Con esta acción, violentan derechos humanos fundamentales, como el reconocimiento del derecho de propiedad de Venezuela sobre sus bienes; de la presunción de inocencia de la tripulación y del derecho a no ser objeto de medidas restrictivas que no se adoptan en el marco de un juicio justo, donde se haya logrado una mínima actividad probatoria.

Con esta actuación antijurídica han arrebatado a diecinueve personas, trabajadores y trabajadoras, el derecho a la imagen, a no ser difamados, a retornar a su país al trabajo, al libre tránsito y a la vida familiar.

Sobre la aeronave se ha declarado un secuestro por un tribunal local, dejando un bien propiedad del Estado venezolano para que sea dispuesto por otros y custodiado por funcionarios de un país que nos es hostil. Ignoran que las labores de esta nave se encuentran enmarcadas en los instrumentos internacionales debidamente ratificados por Venezuela y Argentina, que materialmente no son otras que el comercio y la actividad humanitaria, dos rubros especialmente protegidos por ser de interés público, además sostén de los derechos más elementales.

Con esta acción se pretende reducir la capacidad de recuperación económica del Estado venezolano y amedrentarlo para que no continúe las acciones ejecutadas para recuperar la interconexión del país y se incentiva a que este precedente, de una acción de piratería sobre una aeronave que no estaba sancionada y que se había adquirido legalmente, se repita sobre otros aviones en otros lugares. Estos actos significan para el pueblo venezolano una afrenta tan profunda de nuestros derechos, que sin titubeos podemos expresar que la devolución de nuestro avión es para nosotros lo que para los argentinos es la recuperación de las Las Malvinas.

En consecuencia, levantamos nuestra voz de rechazo a esta actuación y exigimos al Estado argentino corregirla, respetar nuestro derecho de propiedad sobre la nave, los derechos civiles de sus tripulantes y la igualdad jurídica entre los Estados. Del mismo modo, reiteramos que las medidas coercitivas unilaterales son un crimen y exigimos su inmediato y total levantamiento sobre Venezuela y sobre todos los pueblos bloqueados del mundo.

A los dieciocho (18) días del mes agosto de 2022, en apoyo al presente comunicado, firman:

Abogados, abogadas

  • Ana Cristina Bracho
  • Olga Álvarez
  • Andreina Tarazón
  • Yonder Canchica
  • Vanessa Ramos
  • Mercedes Hernández
  • Maria Angelica Olivares
  • Jose Luis Salazar Ufre
  • Giovanni Peña
  • Candelario Manuel Briceño
  • Lizony Perdomo Calderón
  • Ali Francisco Pérez Rodríguez
  • Elba Archila
  • Carlos Peña Aldazoro
  • Mauro Arismendi
  • Carlos Emiliano Salcedo Ramírez
  • Nidiana Meneses
  • Ayza Saray Escalona Reinoso
  • Maria Villavizar
  • Graciela Cazamajou (Argentina)
  • Amanda Blanco Velásquez
  • Nancy Lozada Gudiño
  • Varinia Cardier
  • César Augusto Tillero Montiel
  • Raimundo Kabchi
  •  Francisco Artigas

Economistas

  • Judith Valencia
  • Rómulo Henríquez
  • Oliver Belisario
  • Ramón Valencia
  • María E González
  • José Félix Rivas Alvarado

Comunicadores y comunicadoras

  • Mercedes Chacín
  • William Castillo
  • Mario Silva
  • Cristina A. González Quintana
  • María Fernanda Barreto
  • Txema Sánchez
  • Aitor Igartua Perosanz (Euskal Herria)
  • Alex Anfruns (Francia)
  • Alberto Aranguibel B.
  • Carlos Samuel León Ortega «Carlos Samuel Kandanga»
  • Ernesto Cazal
  • Mariadela Villanueva
  • Katiuska Loreto
  • Romel Bolívar

Diplomáticos

  • Carol Delgado
  • Carla Isea
  • Mario Isea  Bohórquez
  • Ali Hussein Elhelou (España)

Religiosos y religiosas

  • Numa Molina
  • Juan Gómez

Diputados y diputadas

  • Julio García Zerpa
  • Julio García Jarpa (J)

Activistas de Derechos Humanos

  • Gisel Estraño Castillo
  • Enrique Ochoa Antich
  • Maritza Roquett

Cineastas

  • Liliane Blaser Aza

Intelectuales

  • Atilio Boron
  • Sergio Rodríguez Gelfenstein

Psicólogos y psicólogas

  • Isaliv Matheus Spíndola
  • Juan Cristóbal Aldana (Guatemala)
  • María Antonieta Izaguirre
  • Yelitza John Rangel

Politólogos y politólogas

  • Domingo Medina Gutiérrez
  • Susana Khalil
  • Francisco Enrich Molinari
  • Francisco Gutiérrez

Maestros y maestras

  • Pedro Vicente Rodríguez Calderón
  • Violeta Tremont
  • Magaly González De Henríquez
  • Mariana García
  • Nereyda Pérez
  • Cruz María Marcano
  • Helena Porras

Militares

  • Cnel. Hernán J. Olivi Villafuente
  • José Miguel Briceño

Sociólogos y sociólogas

  • José Andrés Ruiz

Comerciantes

  • Jesús Montiel
  • Jairo Aja

Profesores y profesoras

  • Maruja Romero
  • Edgar Figuera-Bottini
  • Carlos Pou Ruan
  • Geraldina De Sousa Couto
  • Héctor Constant Machado
  • Carmen Liliana Cubillos Sastoque
  • Andrés Bercum
  • Jairo Hernández
  • Omar Gómez
  • Anacelly Del Carmen Montilla
  • Isabel Rivero
  • Ignacio Vexina (Argentina)
  • Simon Boada Bonillo
  • Rosa Becerra de Moya

Profesionales de la salud

  • María Marzoa Ruiz (España)
  • Claudio Perucca (Argentina)
  • Luis Carlos Durán Reyes (Colombia)
  • Zulay Clemente

Músicos

  • Cecilia Todd
  • Ignacio Barreto

Arquitectos y arquitectas

  • Paul Enrique Savelli Monagas
  • Manuel Barreto

Historiadores e historiadoras

  • Juan Eduardo Romero
  • Roger Blanco Fombona
  • Jorge N, Campos R

Policías

  • José García Pinto
  • Rogelio Bramajo (Argentina)

Ingenieros e Ingenieras

  • Mariela Amparo Calderón Huanca (Bolivia)
  • Rafic Derjani
  • German Montiel

Matemáticos

  • Eribel Marquina

Otros y otras

  • Zeid Abousaleh
  • Edgar Mendez
  • María Elena Colmenares
  • María Silva García
  • Jesús Martín
  • Miguel Raúl Gómez
  • Henry Guillén
  • Kendrick Figueredo
  • Mirian Alexis Rojas