Los pueblos no deben nunca olvidar el papel de los hombres y mujeres en la historia, por eso las y los venezolanos no deben olvidar el papel Nefasto que jugo Edmundo González Urrutia(candidato actual a la presidencia de Venezuela por extrema derecha) en El Salvador cuando el era el segundo en la Embajada de VENEZUELA , junto al embajador Leopoldo Castillo conocido como El Mata Curas, esto sucedió entre 1979-1985, como parte del Plan Condor en El Salvador del proyecto contrainsurgente que impulso el republicano Ronal Regan contra el pueblo salvadoreño para impedir que las fuerzas revolucionarias avanzaran, ya que el factor que prolongo la guerra civil fue la intervención norteamericana.

La misión del embajador Castillo y de Edmundo González, fue ser agente de muerte. En los documentos desclasificados de la CIA, en febrero de 2009, Castillo apareció mencionado como corresponsable de los servicios de inteligencia que coordinaron, financiaron y dieron la orden para la ejecución de la Operación Centauro. Que consistía en una serie de acciones violentas del ejercito salvadoreña y los “escuadrones de la muerte” para eliminar físicamente a las comunidades religiosas congregadas en torno a la búsqueda coherente a la teología de la Liberación de una solución pacifica y negociada de la guerra.

En los años que la embajada estuvo a cargo de Castillo y González, el ejército y los escuadrones dejaron un saldo de 13,194 civiles asesinados, entre ellos San Oscar Arnulfo Romero, cuatro monjas Maryknoll, y los sacerdotes Rafael Palacios, Alirio Macias, Francisco Cosme, Jesús Cáceres y Manuel Reyes.

Y aunque ya no estaba en la función diplomático, aun se desempeñaba como asesor de estructuras de inteligencia (pentagonito) cuando fueron asesinados los 6 jesuitas y las 2 trabajadoras el 16 de noviembre de 1989.

Los crímenes respaldados por la gestión de Leopoldo Castillo y sus colaboradores como Edmundo González son considerados como “crímenes de lesa humanidad” y por tanto son imprescriptibles.

Llegara un día en que tendrán que rendir cuentas la justicia española y salvadoreña por su participación en el exterminio de religiosas y religiosos y comunidades pacificas que estuvieron al lado de la paz durante el conflicto bélico que azoto a El Salvador.

Las terribles secuelas de sus actos aún perviven.