Hace más de diez años, mucho se habla sobre la independencia del Ministerio Público, como lo establece su Ley Orgánica 133-11, en su artículo 17 “Principio de independencia”. No obstante, en el devenir de nuestra historia democrática, con más de sesenta años, ese principio que ha debido ser esencia para la aplicación de la justicia, ha resultado ser acomodaticio en distintos casos según circunstancias. Y el clamor popular generalizado por una justicia independiente, asumido además por el actual presidente de la República, Luis Abinader, durante su campaña electoral, sigue vigente. Pero, mientras el gobernante de turno, sea cual fuere, tenga la prerrogativa de designar o destituir a los miembros del Ministerio Público, esta calidad aspirada de independencia de este Poder del Estado seguirá siendo incompleta.
Vivir en un país democrático implica gozar de los derechos que establecen la Constitución y las leyes, considerando que la democracia verdadera se construye y se logra con la participación de la ciudadanía y respetando esos derechos que le son inherentes.
Uno de esos derechos, es a la protesta, porque está vinculado a la libertad de expresión establecida en el artículo 49 de nuestra Constitución: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse la censura previa”.
Ante esta premisa, la expresión ciudadana de la inconformidad frente a determinada situación con las instituciones públicas se puede mostrar a través de manifestaciones pacíficas sustentadas en las garantías de ese derecho que, además, no debe incitar a la violencia, el odio, racismo, genocidio ni atentar contra la integridad o vida de la persona o grupo social.
Llaman la atención las acciones por parte de miembros de la Policía Nacional, mediante una reacción desproporcionada contra las manifestaciones de militantes y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD que, ejerciendo su derecho de expresar su inconformidad ante uno de los poderes del Estado, incurran en una modalidad de intolerancia que contraviene todo sistema democrático.
Estas manifestaciones sucedidas en pasados días frente al Palacio de Justicia y la Casa Nacional del PLD, especialmente, se sustentan en el apresamiento de exfuncionarios y dirigentes del PLD, reclamando la igualdad de derechos y condiciones, así como el respeto al debido proceso que implica la presunción de inocencia de los judicializados hasta tanto sean verificados de manera probatoria los hechos imputados. El ejercicio del Poder Judicial a través del Ministerio Público debe tener en cuenta esos derechos constitucionales de cualesquier manifestante, sin distingo de color de piel, posición social o bandera partidaria, porque la ley debe aplicarse de manera horizontal e igual para todos.
Llama la atención que nuestra democracia esté padeciendo esta desnaturalización, institucional, negando la participación popular como esencia. Esta democracia le ha costado enorme sacrificio, sangre y vidas al pueblo dominicano, para que acciones policiales, represivas y desproporcionadas frente al ejercicio de un derecho como la libertad de expresión y la manifestación pretendan pintarla de colores distintos a los de la enseña tricolor.
En el discurso suena muy bien el ejercicio de una justicia independiente, lo cual hay que llevar a la práctica si queremos mostrar en la realidad el avance de nuestro sistema democrático. Jamás nos oponemos a la aplicación de la justicia en el marco de nuestra Constitución y las leyes, lo que sí llama nuestra atención y al pueblo dominicano es que se actúe con miras en la politización de la justicia y la judicialización de la política. El respeto estricto a la Constitución, a la cordura, la tolerancia, la convivencia pacífica, es necesario para mantener la paz, en el marco de la diversidad, en un sistema democrático fortalecido al cual aspiramos.
