Derrumbe del derecho internacional
Sao Paulo, Brasil. Me encuentro en este país desde el pasado 25 de diciembre, aprovechando el asueto navideño y de fin del año para realizar mis chequeos médicos anuales rutinarios que me obliga la batalla por la salud. Aquí recibí las infortunadas noticias de la arremetida militar, el sábado 3 de los corrientes, de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela, hecho por el cual una serie de comunicadores y periodistas amigos de distintos medios de mi país y de otras latitudes han tratado de contactarme por diferentes vías. A estos gentiles amigos debo decirles que mi incomunicación involuntaria obedece a la disciplina que obliga el protocolo médico, lo que no me imposibilita dar seguimiento al día a día del curso de esta situación que me lleva a compartir con nuestros amables lectores la presente entrega de esta columna.
El Derecho Internacional es definido como el conjunto de normas y estándares jurídicos que rigen las relaciones entre los Estados y otras organizaciones reconocidas legalmente como actores internacionales sujetos de derecho, así como su comportamiento y compromiso en el orden internacional, sustentados en principios y valores comunes reconocidos.
Vale destacar, a la vez recordar, que después de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a erradicar las atrocidades sucedidas en dicho conflicto y los líderes del mundo de la época a complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta que permitiera garantizar los derechos de todas las personas en cualquier momento y lugar. Este compromiso quedó plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948.
Desde sus orígenes en los siglos XVI y XVII el derecho internacional como primera disciplina de las relaciones internacionales, ha sido irrespetado y vulnerado de distintas formas y en diferentes circunstancias, generalmente por grandes naciones o potencias contra naciones en desarrollo, con la consecuente violación a la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Son muchos los casos generales y específicos que se pueden citar como resultado de esas violaciones, lo cual ocuparía varias entregas de esta columna en analizar su contexto y dimensión que ha prevalecido en el tiempo, particularmente casos liderados por los Estados Unidos de Norteamérica en sus distintas administraciones, recrudeciéndose en la actual que encabeza el presidente Donald Trump.
La acción militar y secuestro del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su esposa, la doctora Cilia Flores, perpetrada por disposición unilateral de Trump, el pasado sábado 3 de los corrientes, constituye el derrumbe brutal del Derecho Internacional y violación flagrante de los artículos 1 y 2 de la Carta de la ONU poniendo en evidencia que los Estados Unidos no respeta ni sus propias leyes y que su interés hegemónico por el control del mundo lo lleva a cometer estos actos vergonzosos lacerando la soberanía de otras naciones.
Lo que ha cometido el gobierno estadounidense no es sólo una acción cobarde contra la institucionalidad de una nación soberana ambicionando sus recursos estratégicos, han cometido la muerte del Derecho Internacional en cuanto al respeto a la soberanía de los Estados, a la autodeterminación de los pueblos que son y deben ser los que deciden qué se hace y qué no en sus países y no por decisión de ningún gobernante, por grande y poderosa que sea su nación. Estados Unidos y su presidente saben muy bien que el derecho internacional condena el uso de la fuerza como lo han hecho y que la paz y la diplomacia deben estar por encima de la violencia.
Antes del despliegue naval y militar que los Estados Unidos y su actual presidente mantienen desde agosto pasado en las aguas territoriales de El Caribe el mundo sabe que la real intención no es “democratizar” a Venezuela en la versión imperialista de la democracia, la verdadera intención con la vulgar violación de la soberanía venezolana es la expropiación y explotación de los recursos estratégicos de ese país, en su ambición y disputa por el control del mundo, frente a otras potencias como Rusia y China.
La cuota de República Dominicana contra el Derecho Internacional
Mientras la gran mayoría de los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo, de todas las ideologías políticas, han condenado la violación del Derecho Internacional por parte del presidente Donald Trump, tan pronto cometió su agresión militar aérea, marítima y terrestre contra Venezuela, el presidente dominicano, Luis Abinader, se “suma” a esta repudiada acción, despachándose con un mensaje por su cuenta de la red social X (equis), citamos:
“El Gobierno dominicano sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Nuestro país nunca reconoció la legitimidad de la proclama de Nicolás Maduro como presidente tras las elecciones de julio de 2024. En consonancia con ello promovimos la Declaración de Santo Domingo de agosto del mismo año, que exigió el respeto a la voluntad expresada en las urnas.
La solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano es histórica. Hoy reiteramos nuestra disposición a colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea.”
Con ese mensaje, el presidente dominicano aporta la cuota que contribuye al derrumbe del Derecho Internacional colocándose del lado de quienes lo han sepultado: Los Estados Unidos. En este orden, pierde nuestro país su derecho de invocarlo en cualquier circunstancia del presente y el porvenir.
Seguimos mirando con pena la actitud servil del presidente quien se ha dedicado a servir los intereses geopolíticos del presidente estadounidense en desmedro del interés nacional, con su entreguismo de la soberanía nacional. ¡Qué pena! que naves aéreas norteamericanas salieran desde nuestro territorio a agredir la soberanía de un pueblo hermano. Esto no es más que una vergüenza que no representa ni la historia de independencia de la República Dominicana ni el sentir de nuestro pueblo.
Por eso hemos guardado distancia de esas posturas. ¿Qué sentido político, patriótico y diplomático tiene citar hoy una Declaración surgida de lo que él llamó una “cumbre” que promovió para estar del lado de la “democracia” al estilo estadounidense, en un momento en que se lacera la soberanía de un pueblo y se secuestra a un presidente de manera injerencista, dejando como consecuencia más de 80 víctimas mortales civiles y militares?
Esa llamada cumbre y la Declaración de Santo Domingo que el presidente Abinader refiere como un logro, no es más que el consenso de una comparsa que se agrupó para servir a intereses mezquinos. Y que en su momento la denominamos como un circo mediático para el cual el presidente usó el símbolo del poder político que representa el Palacio Nacional, convirtiéndolo así en un vertedero.
La historia se encargará de reservar el lugar a este presidente cuando ya no pueda desde el poder del Estado y de Gobierno practicar su entreguismo cediendo la soberanía nacional.
