Ante las amenazas e infamia de EE.UU. contra Venezuela

Hubiese querido sumarme a la tregua que obliga el ambiente navideño y darle el sentido religioso que tiene, cuando la tradición cristiana celebra el nacimiento del Niño Jesús los días 24 de Nochebuena y 25 de Navidad, disfrutada por niños y adultos, fechas que, por lo general se toman para el descanso, la reflexión y el compartir en familia. Pero gendarmes sediciosos de la geopolítica, como los Estados Unidos y su presidente Donald Trump no dan tregua, más bien han incrementado y anunciado nuevas modalidades de su amenaza y su obsesionado plan intervencionista y militarista contra Venezuela, que mantienen alerta a la región, con su despliegue naval desde el pasado mes de agosto, sustentado en infamias en vulgar violación al Derecho Internacional.

Por ello, pese a la tregua obligada que trae la época navideña también nos obliga a abordar este tema que debe ocupar la agenda global, regional y nacional de los países de Latinoamérica y el Caribe, incluida la República Dominicana, pero éste último y su actual gobierno lo que tiene en su agenda de prioridades es la entrega de la soberanía nacional frente a los Estados Unidos, y permite que haya en territorio dominicano dos bases militares instaladas en dos aeropuertos en su capital Santo Domingo y otras modalidades de presencia militar estadounidense en la región fronteriza suroeste, a sabiendas de que son parte de la agresión al hermano país.

La amenaza directa de los Estados Unidos contra Venezuela es una amenaza instalada en el Caribe contra la paz y estabilidad de toda la región que se ha tratado de desarrollar por fases escalonadas basadas en infamias y acusaciones. Empezó con el anuncio de una supuesta “lucha contra carteles de la droga en Latinoamérica y el Caribe” cuya cronología, desde el 2 de septiembre pasado, de ataques militares y ejecuciones extrajudiciales en las aguas territoriales del Caribe y del Pacífico ha desmontado ese planteamiento, y parte además de que las rutas de las drogas no pasan por Venezuela, como lo demuestran informes y mapas públicos de las propias Naciones Unidas.

Estas embarcaciones han sido atacadas en las aguas del mar Caribe frente a las costas venezolanas, a través de diez buques de guerra con más de 1,200 misiles, un submarino nuclear, varias unidades anfibias y más de 4,500 marines, además de lo que ha movilizado hacia Puerto Rico, Guyana, Trinidad & Tobago y República Dominicana. ¿Este tipo de equipos de guerra y cantidad de marines son sólo para luchar contra narcolanchas? Sabemos que no.

Dichos informes de la ONU y el resultado inconsistente de los ataques militares y extrajudiciales contra embarcaciones civiles y barcos de pesca, sin poder mostrar evidencias de “narcolanchas”, llevaron a la fase de crear el supuesto Cartel de los Soles con nacimiento en Venezuela y propiciado por su presidente, creación que se cayó de plano ante las recientes acciones demostradas de Venezuela contra las organizaciones criminales de tráfico de estupefacientes, de las que sí hay evidencias comprobadas. Estas acciones entre otras en países cercanos están demostrando que El Cartel que quieren buscar y no han encontrado ni encontrarán está en el Norte.

Acomodando esa fase, adicionalmente las autoridades judiciales estadounidenses incrementaron dos veces la recompensa ofrecida (50 millones de dólares) por “información que conduzca a la captura” del presidente constitucional de Venezuela, fase que no escaló porque no pudieron tocar conciencias.
Sin señal de lograr su objetivo esencial en su tiempo calculado, que todo el mundo sabe es el petróleo, oro y todos los recursos naturales de Venezuela, el gobierno estadounidense no repara en la movilización de cuantiosos recursos militares y económicos sin precedentes en el continente, la mayor desde la invasión a Panamá, en 1989, ha desplegado el portaviones USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más moderno y potente de su tipo junto a otros seis buques de guerra. Evidente queda que esta operación de lucha contra las drogas está muy distante.

Las más recientes fases del presidente estadounidense contra Venezuela han sido el acto de piratería contra buques petroleros y la cantinflesca acusación de que el país suramericano le robó a Estados Unidos todo su petróleo; nada más falaz en la historia de este país, cuarto productor de petróleo del mundo.

Cabe destacar la preocupación del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de los Estados Unidos expresada en una comunicación de fecha 17 de los corrientes, dirigida al presidente de ese órgano, el honorable senador Chuck Grassley, en la que señalan que “desde septiembre la Administración Trump ha ejecutado sumariamente a al menos 95 personas en 25 ataques conocidos contra presuntos traficantes de drogas en embarcaciones en el mar”. Y, enfatizan “no es momento de andarse con rodeos, estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales y violaciones graves de los principios fundamentales del debido proceso y del derecho a la vida, conforme al derecho estadounidense e internacional. Este Comité debe abordar la grave preocupación de que estas incursiones puedan violar las leyes penales estadounidenses y de que los abogados del Departamento de Justicia que dieron al presidente Trump y al secretario Hegseth cobertura legal para ejecutar sumariamente a presuntos delincuentes hayan violado sus obligaciones éticas.” Y, finalmente solicitan que sea convocada una audiencia del Comité Judicial del Senado para garantizar que quienes autorizaron estos asesinatos extrajudiciales rindan cuentas.

Queda claro, que este gigantesco operativo bélico ha sido desplegado sin la autorización legal del Congreso de Estados Unidos que de igual forma no ha autorizado a la administración del presidente Trump el uso de la fuerza militar con fines letales fuera de su territorio. Cabría la pregunta: ¿aplicará el Congreso la correspondiente normativa al presidente estadounidense respecto al bombardeo de las lanchas y muertes a sus ocupantes? De igual forma, ¿ante el despliegue militar de guerra? Dada la contundencia del contenido de la referida carta, parece esperanzador que el Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos pondrá a funcionar las reglas.

Sería saludable que estos asuntos ilegales e ilegítimos sean vistos y abordados en su justa dimensión y alcance, porque estamos frente a una gigantesca operación de intención y carácter político mediante el uso de la amenaza militar y guerrerista contra una nación soberana, como lo es Venezuela, generando ya graves consecuencias geopolíticas para la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe, que incide a nivel continental. Esto no puede perderse de vista, porque ha sido con infamias y calumnias que el presidente Donald Trump está empeñado en construir el argumento legal para justificar sus maniobras hegemónicas, ilegales y acciones militares, pretendiendo una agresión armada contra Venezuela y su pueblo y más allá contra los países de Latinoamérica y el Caribe que no les son serviles, en busca de “nuevas fronteras.”

Siquiera es capaz de tomar en cuenta el diálogo para la paz, en el marco de casi dos siglos de relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos que han significado relaciones importantes en distintos ámbitos, pese a que viene endureciendo su política de asedio y en lo que va del presente año ha escalado la agresión forzando un cambio brusco de régimen contra un presidente legítimo por autodeterminación del pueblo elector.

Hacemos un llamado a los pueblos del mundo, en especial a los de nuestra región a unir sus voces y acciones contra las agresiones de la Administración de Trump y por el respeto al derecho de los pueblos a vivir en paz y soberanía.