Llega el Código Penal, pero ¡Cuidado!

Si partimos de que el Código Penal vigente de la República Dominicana data del siglo XIX (1884), no hay dudas de que con la aprobación del proyecto de modernización del mismo por parte de la Cámara de Diputados durante una intensa jornada de trabajo el pasado miércoles 30 y su posterior conversión, en segunda lectura, en Proyecto de Ley por parte del Senado, en el día de ayer, se ha dado un gran paso, en materia de justicia penal, que, en su forma, todos debemos saludar.

Digo en su forma, porque el proyecto cuenta de 393 artículos y según se ha informado contiene importantes reformas con nuevas tipificaciones penales tendientes a fortalecer la administración de justicia en materia de seguridad y derechos fundamentales en República Dominicana.

El colectivo clamor social y político por un nuevo código penal se hizo sentir desde el pasado reciente, motivado por los niveles de diversos hechos situacionales que su abordaje judicial amerita de especial tipificación y penas. Ese clamor ha estado presente en todos los gobiernos de los últimos años, con mayor intensidad según los acontecimientos delictivos. Y, en este orden, el pueblo dominicano guarda una memoria histórica amplia hasta el presente.

Los matices y controversias en torno a propuestas de reformas y nuevas incorporaciones de delitos que se dan en esta época de modernidad, así como propuestas de endurecimiento de penas, retrasaron los procesos en más de dos décadas, creándose una serie de dificultades políticas, sociales, eclesiales, partidarias, gremiales, en torno a lo que debían ser dichas reformas e incorporación nuevas, al extremo de que la necesidad de un nuevo código se convirtió en una exigencia urgente.

La controversia frente a las tres causales, que de hecho se quedó pospuesto para estudio, debate y abordaje separado (esto deja abierta una gran interrogante), entre otros temas de matices fue tal, que concluyó la legislatura ordinaria y hubo de convocar con el trámite correspondiente a una legislatura extraordinaria para conocer y aprobar proyectos claves, incluido el Código Penal. Esto, naturalmente, lleva a cualquier congreso a la carrera, debiendo cumplir con una agenda que, no se trata de un tema común de legislación, sino de la principal herramienta de justicia penal del Estado dominicano.

El representado en ambas Cámaras, el pueblo elector y toda la sociedad, cedió su confianza a los legisladores y legisladoras, tomando en cuenta la mayoría aritmética del partido oficial, la representatividad de otros partidos, casi todos en alianzas, lo que implica mayor posibilidad de consensos y mayorías, porque hay menos a quien convencer y/o vencer.

Pudimos leer varios de los temas incorporados, muy importantes frente a la ocurrencia de hechos calificados y punibles que suceden, pueden faltar otros, pero la pieza luce de gran impacto y convoca a su lectura y relectura, estudio comparativo, análisis, para poder decir con certeza que conocemos el nuevo Código Penal que regirá en la Patria de Duarte, Sánchez y Mella; Caamaño, Luperón y nuestras heroínas y mártires independentistas.

Hoy, llega el Código Penal convertido en Proyecto de Ley Orgánica, habiendo recorrido el tránsito de ley, para su traslado al Poder Ejecutivo y ser promulgado u observado por el presidente de la República, Luís Abinader, en un plazo constitucional no mayor a diez días. Su entrada en vigencia será efectiva un año después de su promulgación. Por tanto, para plantear, recibir y conocer de fondo propuestas, hay tiempo suficiente.

¿Por qué el llamado al cuidado?

Desde sus inicios, el proceso para la reforma y actualización del Código Penal, generó una serie de situaciones que abonaron a la “dilación”, por las divergencias en temas nodales de corte penal en la sociedad civil, partidos políticos y en el propio congreso, originándose a su vez intensas discusiones que mantenían estancado el proceso. Entre los temas de esas disidencias están la interrupción del embarazo (sustentada en las tres causales), la corrupción, los crímenes de odio y otros.

Cuidado, porque se han expresado públicamente disensos sobre el proyecto. Quienes lo han hecho están en su derecho, pero, quienes han procurado responder a esos disensos, estando en su derecho, han agregado ingredientes nebulosos al ambiente político-congresual.

Cuidado, porque una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, comenzaron a circular en las diferentes redes sociales una serie de opiniones a manera de protestas, acusaciones, interrogantes, enunciados, asignación de culpabilidad, motivadas por ciertos temas contenidos y las penas establecidas para determinados delitos. En estos, cabe destacar el planteamiento de una figura administradora de justicia que con la más certera visión se preguntaba cómo actuar en caso de un delito con pena entre 10 a 20 años y un imputado con responsabilidad no directa en el caso. No tiene flexibilidad.

Cuidado, porque otros, que son los más, dejan sus protestas en una especie de “amenaza” sobre lo que podría ocurrir en caso de que determinado hecho y su correspondiente pena quede como está planteado en el nuevo código. Estos planteamientos, sin un orden, sin formas de ideas propositivas, colaborativas. De propuestas, se convertirán en incidentales para la continuidad del transito que amerita este proceso y hasta para su adecuada aplicación. Mal quedan, aquellos que, perteneciendo al mismo partido de gobierno, expresan sus cuestionamientos en igual sentido, cuasi personalizando, tratándose de un tema de futuro para el país.  Desde la oposición política cualquier posición disidente se entiende, y, quienes lo han hecho, más bien se expresan con sugerencias; además, tienen sus congresistas expresándose en las Cámaras, el mejor escenario para su participación, como auténticos representantes del pueblo.

Señores, cuidemos este gigante paso, con sus bondades e imperfecciones, pero ya se subió el primer escalón.

No obstante, consideramos que el nuevo Código Penal en su versión del presente (en esta fecha) como Proyecto de Ley Orgánica, sustituirá oportunamente al denominado obsoleto, pero vigente de 1884, y, pese a las críticas expresas, con o sin sustento, constituye un gran avance que debemos valorar y acoger con visión política y sentido patriótico. Este instrumento viene a fortalecer nuestro proceso democrático, y queda en la responsabilidad de nuestros congresistas (senadores y diputados) asumirlo como un proyecto en desarrollo que necesita seguir mejorándose y adecuándose según las necesidades que presente la dinámica política y social del país.